Con la puesta en marcha en Bolivia de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego, se implementará una nueva legislación gaming: toda la actividad concerniente al juego, desde apuestas hasta casinos, bingos, etc., deberán obligatoriamente aportar a modo de tributo el 30 % del total de sus ingresos brutos.
Esta norma afectará a todas las empresas, salvo a aquellas promocionales, las cuáles tributarán únicamente un 10 %. La excepción corresponderá a aquellas instituciones cuyos ingresos estén destinados a fines asistenciales o de beneficiencia social, para las cuales el tributo será nulo. Luis Arce, ministro de economía boliviano, comentó que los ingresos generados a partir de los tributos se dirigirán a las gobernaciones, a los municipios y el resto de lo recaudado al Tesoro General de la Nación.
Con respecto a la formación de esta nueva Autoridad, explicó que a la AJ se le otorgarán “amplias facultades de fiscalización y control de todas las actividades y operaciones de juego, lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos”.
